El Supremo Tribunal Federal de Brasil es protagonista de un nuevo juicio de repercusión mediática nacional: el caso de la Corrección de Cuentas de Ahorro. Presuntamente, los bancos deben a más de un millón de brasileños cantidades que sumadas les pueden costar hasta 150.000 millones de reais, lo que equivale a 50.000 millones de euros.
Si el STF aplica la justicia, lo que viene a ser su función, todos los grandes bancos de Brasil deberían ir a la quiebra. Según el Banco Central de Brasil, las indemnizaciones de 50.000 millones de euros producirían una retracción en el crédito de cerca de 300.000 millones de euros, es decir, cerca del 5% del PIB del país. En pocas palabras, un verdadero desastre para toda la economía de Brasil. Y merecido.
El origen de estas demandas son tres planes económicos que se llevaron a cabo entre los años de 1987 y 1991 para contener la subida de la inflación en el país. Las cuentas de ahorro, desde el principio de su existencia, deben pasar por una corrección monetaria todos los meses para que la cantidad que un ciudadano tiene en el banco no pierda valor con el tiempo por culpa de la inflación. Pues bien, con dichos planes económicos, entre la congelación de sueldos, el aumento de impuestos, la creación de una nueva moneda y otras medidas, el Gobierno decidió ignorar la ley y aplicar la corrección monetaria que le convenía a las cuentas de ahorro de todos los brasileños. Esta corrección tendría que seguir el Índice de Precios del Consumidor (IPC) – según la resolución nº1.338/87 del Banco de Brasil, y en dichos planes económicos se decidió, por Decretos Ley inconstitucionales, seguir otros índices o simplemente no aplicar ninguna corrección. Se puede decir que los ahorradores fueron robados por el Gobierno, directamente en sus cuentas bancarias.
Los afectados no tardaron en poner demandas en contra de la Administración y todas ellas están reunidas para análisis en el Supremo Tribunal Federal y el juicio, que debería haber sido sentenciado ayer, fue aplazado para el año que viene, por la importancia del caso. Por supuesto, la victoria de los ahorradores no supondrá la cantidad multimillonaria que calcula el Banco Central, sino que resultará en acuerdos individuales o colectivos que permitan a los bancos seguir funcionando. Pero sería una buena lección de Justicia y de Derecho para los banqueros.
